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Más banano orgánico dominicano en mercados mundiales.

 

Un total de 46 pequeños productores de banano orgánico de Azua recibieron su certificación Global/GAP, con lo que podrían garantizar el acceso a exigentes mercados internacionales.

Los bananeros fueron acompañados en este proceso por la Fundación Reddom, a través de la implementación del proyecto de Mejoramiento de las condiciones de vida de los productores de la región suroeste, financiados por la Fundación Codespa de España, dice una nota.

Los productores están organizados en la Cooperativa de Productores de Banano Orgánico Los Tainos (Cooprobata). A través del asesoramiento en Buenas Prácticas Agrícolas y de manufacturas, los bananeros cuentan con la asesoría del consultor Manuel Santana, especialista en esta materia y que fue contratado por el programa para apoyar a los productores.

La Fundación Reddom  y Codespa se han comprometido a continuar asesorando a otros bananeros de (Cooprobata), como forma de que el consultor continúe asesorando a ese grupo de productores. Al mismo tiempo se comprometieron para que otro grupo de 50 nuevos productores también logren la certificación al final del año en curso.

Para lograr la certificación los directivos de la  cooperativa realizaron una serie de inversiones en las empacadoras y en las zonas donde están localizados los productores para poder llenar los prerrequisitos exigidos. De igual forma los propios productores han tenido que someterse a un prolongado proceso de entrenamiento en diversos temas  relacionados con el cultivo y el manejo postcosecha y de las condiciones de los trabajadores involucrados en el proceso de producción del cultivo.

¿Una nueva Ley de Aduanas?, u orientación y competitividad

 

La simplicidad con que debe transcurrir el despacho aduanal es consustancial al ordenamiento institucional que lo sustente, así como a las capacidades y estímulos de las mujeres y hombres que lo gestionen en cada eslabón de la cadena logística de suministro. La fortaleza de los controles al comercio exterior no puede estar sustentada en trabas ni dispersa en un mismo dispositivo o en varios.

Un proyecto de Ley con más de 430 artículos en su primera versión, o cercano a los 400 en versiones posteriores, luce como que no podría revelar facilitación sino complejidades.

El despacho aduanal es y debe seguir siendo un proceso lineal, que sustente en sí mismo la agilidad y la seguridad;  que aporte un servicio de calidad en beneficio de la competitividad del país, y estimule el cumplimiento en todos los ámbitos. Las aduanas de hoy no pueden ser un obstáculo sino un estímulo para la inversión local y la extranjera.

Las recaudaciones provenientes de las aduanas son vitales aún para la Republica Dominicana y seguirán siéndolo por los próximos años, a pesar de los impactos derivados de los acuerdos comerciales. Más del 20% de los ingresos del Estado provienen de los tributos aplicables al comercio exterior, incluyendo el ITBIS.  Gestionar ese recaudo obliga a conjugar facilitación y seguirá. Los procedimientos operativos que se apliquen deben propiciar la exactitud en la determinación y cobro de los tributos, el cumplimiento. Así que, sin obviar la fortaleza de los controles, los pasos deben ser sencillos. Como los del pago por internet banking, o la declaración electrónica los siete días de la semana. O la determinación de las acciones de aforo mediante mecanismo de selectividad de la carga. De los sistemas de gestión de riesgo en pleno proceso de implantación. Ese conjunto de cosas obliga a ser cuidadoso, a no asumir la tarea de una nueva ley sin contar con una visión integral y de futuro.

 La República Dominicana ratificó el Convenio de Kioto revisado, y ha sido sobre esa base que ha venido llevando a cabo su proceso de reforma aduanal. De modo que los elementos para seguir avanzando están dados y reforzados a la luz del Acuerdo de facilitación de la Organización Mundial del Comercio aprobado a finales del año pasado.

Sin embargo, las aduanas se tornan complejas como consecuencias de las acciones humanas. El pago de impuesto, la subvaluación, la triangulación, el tráfico de ilícitos, el narcotráfico, el terrorismo, entre otros, suelen ser parte de la cotidianidad con la que deben lidiar.

Lo que plantea una “Aduana Integral” es como garantía de un manejo dinámico y competitivo del comercio transfronterizo.  Aunque siempre hay la posibilidad de estar mejor, está a la vista que la aduana dominicana no es la más atrasada en la región. Por el contrario, en términos tecnológicos, técnicos y operativos se la valora muy positivamente. La actual administración ha rechazado vehementemente que se  toque la Ley ahora.  Lucen legítimos los argumentos, y  válidas las preocupaciones  que han exhibido los ejecutivos de la DGA, por cuanto se está arriesgando mucho a cambio de muy poco.

Como todas las aduanas del mundo, se plantean retos de magnitudes diversas.  La clave radica en el acompañamiento decidido de todos los actores económicos. Los sectores productivos nacionales deberían ser cuidadosos al propiciar esquemas ¨más garantistas¨ que pudieran desbordar la lucha en contra de los fraudes aduaneros, y que facilitan también la evasión de los tributos internos. La competitividad requiera luchar con determinación en contra de los ilícitos, como garantía de una competencia.

En conclusión, si el país necesitara construir una aduana nueva e integral, el esfuerzo tendría que cambiar de rumbo, y es preferible preservar la estabilidad actual hasta que se logre comprender mejor lo que implicaría esa tarea.

Nueva Ley de Aduanas? O el miedo a las penalidades actuales

 

 

Ahora se puede declarar las mercancías de forma rápida

Entre las distorsiones evidentes que figuran en el proyecto de Ley de Aduanas está  la de otorgar diez días para la presentación de la declaración de importación. Resulta que la Ley 3489, del año 1953, establece un plazo de cuatro días para que el consignatario de una carga inicie la gestión del despacho. Administrativamente, ese plazo fue  extendido hasta los diez días, y así  ha quedado hasta la fecha.

 Pero resulta, entre otros aspectos importantes, que el DR-CAFTA prevé que los despachos de mercancías deben realizarse en 48 horas y mejor aún, la Ley 226-06 establece solo 24 horas  contadas a partir de la fecha de la  declaración. Es un llamado claro a la eficiencia.

Hacia el afianzamiento de esquemas de los despachos ágiles, seguros, en un contexto predecible, que estimulen la competitividad del país, como ha ido ocurriendo, es que se debe seguir avanzando. Por tanto, resulta una evidente contradicción que se pretenda  llevar a una aduana del  siglo XXI  o integral, un concepto tan atrasado como el de propiciar que las declaraciones  se sigan haciendo en plazos  que empeoran,  incluso los de la ley del año 1953, cuando todo debía hacerse a mano.

No podría ser ajeno a nadie, que los procedimientos actuales permiten que un importador declare las mercancías, calcule con exactitud los impuesto que debe pagar, incluso pagarlo, antes de que la carga llegue a puerto. Y todo ello sin tener que moverse de sus escritorios, dado que el trámite se gestiona por la vía de internet.

 La gestión de despachos agiles, especialmente a favor de las empresas que declaran bien y que interactúan cotidianamente en el marco del Comercio Exterior, demanda ese tipo de trámites que, en todo caso, están a la disposición.

Hay que seguir avanzando hacia la consolidación de una aduana integral, competitiva. El manejo de la cadena logística de suministro debe encaminarse hacia una sola entidad.

 La iniciativa que cursa en el Congreso Nacional no obedece a un esquema que propicie esa visión de integración. Cambiar una ley para que todo siga igual, o empeore parecería un esfuerzo cuestionable. Se veía venir que se pondrían en riesgo los adelantos y fortalezas logrados.

No se debe pretender cortar las garras a las aduanas para luchar en contra de los ilícitos relacionas con la cadena logística de suministro. Construir una aduana  “más flexible” equivale a debilitar la lucha en contra de contrabandista,  subvaluadores;   entre otros ilícitos; equivale también a mandar a la quiera a quienes cumplen y desean seguir cumpliendo. Destruir el marco sancionatorio de la aduana es arriesgar los ingresos del Estado. Debilitar la lucha en contra de los fraudes aduaneros es un llamado equivocado a quienes cumplen.

Sanciones

No podría preocupar a nadie, sino a quienes suelen apostar sus ganancias a la evasión, al contrabando, el hecho de que la aduana aplique las sanciones tal cual figuran en la ley. La facilitación del comercio encierra también seguridad, calidad, cumplimiento por parte de todos los actores que participan. Las penalidades aplicadas a los que violan las normas aduaneras aseguran competencia sana a los sectores productivos nacionales. 

Comercio de Servicios

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Niurka Beato Alba,
Coordinadora Administrativa,
Consultoría Jurídica de la DGA.
Comercio de Servicios

Como resultado de la Ronda de Uruguay (1986-1994), lográndose la firma del Acuerdo de Marrakech que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se establece el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (General Agreement Trade Services, GATS), normativa adicional al incorporado Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT),  que regula el comercio de bienes. A partir de ahí, la OMC regula el Comercio de Bienes y Servicios.

Los Servicios, según informe de la OMC, 2010, es “el resultado de una actividad productiva que modifica las condiciones de las unidades de consumo (servicio que generan una transformación), o bien facilitan el intercambio de productos financieros (servicios que generan un valor añadido)”[1]. El comercio de servicio administra un producto imperceptible  (intangible), no mercancía. Procura crear fuentes de empleo, captar divisas, fomentar la transferencia de tecnología e incentivar la inversión extranjera. Se caracteriza por la intangibilidad, la simultaneidad, no es almacenable ni transportable.

Es ofrecido en el comercio (minorista, mayoristas, franquicias), transacciones financieras (bancos, seguros, mercados de valores….), servicios de salud, educación, salón de belleza, peluquería….), o cualquier servicio en diferentes entidades gubernamental en servicios empresariales en asuntos jurídicos, tecnológicos, asesorías económicas, de publicidad. Las formas de comercialización pueden realizarse a través del comercio transfronterizo, el consumo en el extranjero, la presencia comercial y el movimiento de personas físicas, modalidades que han sido establecidas en el referido acuerdo GATS.

El Acuerdo de Servicios contempla las modalidades de: 1) Suministro Transfronterizo, ofreciéndose el servicio en otro país a través de medios sea electrónicos (e-mail), por correo o mensajería; 2) Consumo en el extranjero, donde el consumidor se traslada a otro país para recibir el servicio. Ej. Un chequeo médico o recibir tratamiento en otro país; 3) Presencia de personas físicas, el profesional liberal ofrece sus servicios en otro país. Ej. Un Asesor; 4) Presencia Comercial, donde el proveedor ofrece servicios ubicándose en otro país. Estos modos son obligaciones aplicables a los países miembros de la OMC, sin discriminación y contemplando el principio de la Nación Mas Favorecida (NMF), establecido en los Acuerdos GATT’94 – OMC, Articulo 1; en el GATS, Articulo II y en los ADPIC, Articulo 4.

En el ámbito nacional, el cobro del servicio en el Comercio Internacional ha sido contemplando en la Ley No. 226-06, del 21 de junio del 2006[2], que otorga personalidad jurídica y autonomía funcional, administrativa, técnica, presupuestaria y patrimonio propio a la Dirección General de Aduanas (DGA), así como el Decreto No. 627-06, del 22 de diciembre del 2006, que establece el cobro de la tasa por servicio.

Este sector ha sido clasificado en: 1) Comercio Transfronterizo de Servicios y 2) Comercio de Empresas Establecidas. En el Comercio Transfronterizo se incluyen el:1) Servicio Logístico, 2) Servicio al productor, 3) Otros servicios comercializados internacionalmente en forma directa. Asimismo ha sido  clasificado en: Comerciales, Financieros, Sanidad, Turismo, Culturares, Deportivos, Transporte, Medio Ambiente, Comunicaciones, Construcción e Ingeniería, u otros. Se conectan con la prestación del servicio en inversión y la presencia de personas físicas. Para situar un ejemplo en el servicio financiero, referimos el servicio de seguros (seguros de vida, los corredores o agentes de seguro, otros) y el servicio bancario (depósito, préstamos, el factoring, los arrendamientos, las tarjetas de crédito, operaciones bursátiles u otros servicios que ofrecen las entidades bancarias). La producción de servicios es medida a través de las estadísticas que captura de informaciones por organizaciones regionales e internacionales, entre ellas: el Banco Mundial, la UNCTAD[3], así como por el área de cuentas nacionales, reflejándose en la Balanza de Pagos del Banco Central. Este comercio se enmarca, además en la clasificación ampliada de la Balanza de Pagos de Servicios (CABPS 2010).

Las entidades gubernamentales vinculadas al Comercio Internacional están en la obligación de ofrecer los servicios que así le han designado, que han sido contempladas en normativas legales, por lo que se requiere de Recursos Humanos capacitados, disciplinados e íntegros, dispuesto a ofrecer al usuario las informaciones que se requieran. Algunas entidades han creado el Área de Información al Contribuyente, procurando concentrar la totalidad los servicios que se ofrecen combinando el conocimiento, la herramienta informática y la documentación a utilizar; lo que evita la dispersión del cliente, acción que se refleja en eficientizar, simplificar, reducir tiempo, costos operativos y posibles sobornos.

Si bien los costos en el Servicio de la gestión en transacciones del Comercio Internacional aún no se han estandarizado, es un desafío del Agente Couriers,    Agente de Aduana, Especialista o Asesor en temas aduaneros, Agente Consolidador y Desconsolidador de Carga establecer un parámetro de los costos por el servicio ofrecido. Se desconoce alguna normativa que regule las tarifas que ofrecen los gestores en el servicio que ofrecen a los exportadores e importadores desde la llegada de la mercancía, la obtención de los documentos, la declaración aduanera, el seguimiento del proceso de verificación y aforo, la emisión de cualquier recurso de reconsideración a presentarse antes de la desaduanización a priori, así como en la notificación de una reliquidación por la fiscalización a posteriori.

En diversos países la liberalización del comercio de servicios ha sido lenta, en otros ha crecido más que el Comercio de Mercancias. En Europa, el servicio es el principal sector representando el 70% del Producto Interno Bruto. Este sector actualmente es un terreno fértil para innovar, asociar, crear empleos es un mercado en desarrollo con alto potencial de crecimiento, con las posibilidades para emprender negocios, sea personalizados o a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Call Center) y los Recursos Humanos.

Es de todos conocido que la economía dominicana se ha transformado en los últimos anos en una economía de servicios, atendiendo el peso especifico de los sectores financieros, telecomunicaciones, turismo y zonas francas.

[1] http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/services_training_module_s.pdf

[2] https://www.aduanas.gob.do/descargas/files/leyes/organicas/226-06_autonomia_DGA.pdf

 [3] http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2013_es.pdf

Piden a navieras conectarse en puertos para recibir beneficios de la tecnología 

El empresario Aníbal Piña recomendó a los importadores y exportadores basar sus procesos en el uso de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC), para aprovechar las facilidades de las principales instalaciones portuarias del país y las herramientas que disponen las agencias navieras dominicanas; además de otras instituciones privadas que intervienen en la manipulación y desaduanización de las mercancías en frontera.

“De lo que se trata es que la tecnificación de las empresas se convierta en prioridad de todo el sector privado para así tener mejor respuesta frente a sus competidores en 2015, cuando más del 90%de los productos contemplados en el DR-Cafta ingresen al país libre de impuestos”, insistió.

Piña, quien es presidente de la empresa AP Marine Cargo (Transporte Marítimo Inteligente) indicó que este enfoque le permitiría a las empresas conocer en línea el status de sus embarques, lo que le estaría proporcionando control absoluto de la situación de sus unidades en puerto, elevando con ello el nivel de eficiencia y seguridad a raíz de contar con toda la información necesaria para monitorear las mismas.

Informe de la Cámara de Cuentas confirma declaraciones de Hacienda

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El informe de la Cámara de Cuentas entregado al Congreso de la República y reportado en la prensa nacional este miércoles 30 de abril viene a confirmar las informaciones emitidas en su momento por el Ministerio de Hacienda.

Esto es que el déficit del Gobierno Central durante el año 2013 fue de RD$ 70,000 millones de pesos, monto este que fue aprobado en el Presupuesto General del Estado.

Dicho monto ratificado por la Cámara de Cuentas se corresponde con las cifras divulgadas por la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Contabilidad Gubernamental. Es decir, la Cámara de Cuentas lo que ha hecho es validar el monto que ya había sido reportado por las distintas instituciones del Gobierno.

En adición, el endeudamiento contratado y desembolsado por el Gobierno durante el año 2013 se realizó en el marco de las aprobaciones Congresionales contenidas en el Presupuesto General del Estado y sus modificaciones.

La Cámara de Cuentas hace referencia en su informe a un aumento de la Deuda del Sector Público No Financiero de más de 200 mil millones de pesos. Este monto incluye casi cien mil millones de pesos que no son atribuibles al déficit del 2013 y que se corresponden con las emisiones de Bonos para recapitalizar el Banco Central por un monto de RD$ 50,000 millones en el marco de la Ley 167-07; así como el efecto de la variación del tipo de cambio en la deuda en dólares del país.

En resumen, el informe de la Cámara de Cuentas lo que hace es corroborar que el déficit del Gobierno Central fue de 70 mil millones tal y como fue aprobado por el Congreso para el ejercicio presupuestario del año 2013.

Finalmente cabe destacar que el déficit del Gobierno Central en el año 2012 fue de unos 150 mil millones de pesos por lo que el déficit se redujo a menos de la mitad en el año 2013. En términos del PIB el déficit del Gobierno Central se redujo desde 6.6% en el 2012 a 2.8% del PIB en el 2013. Este es el mayor ajuste fiscal que se ha realizado en el país en las últimas décadas.

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