Las alianzas público privadas, para ganar todosLa Ley de Alianzas Público Privadas facilitará que los gobiernos incrementen sus gastos de capital

Periódico El Dinero
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En el Primer Desayuno Temático de 2020 organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, expuso sobre los beneficios de la Ley de Alianzas Público Privadas (APP) presentándola como un elemento clave para satisfacer demandas de infraestructuras y servicios sociales en República Dominicana de forma eficaz y eficiente.

La Ley de Alianzas Público Privadas establece un marco normativo moderno para regular dichas alianzas y garantizar seguridad jurídica, competencia y transparencia.

Actuar de modo aislado ya no es una opción para los gobiernos, tampoco para las empresas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean las alianzas como elemento fundamental para verlos realizados. Alcanzar sus metas solo es posible con la conjunción de voluntades de todos, especialmente del sector público y el sector privado.

Las APP son definidas como contratos a largo plazo entre el sector privado y el sector público para voluntariamente realizar la provisión, gestión u operación de un bien o servicio de interés social, donde se distribuyen aportes y riesgos de la inversión entre sector público y privado. Es un mecanismo muy distinto a la privatización.

Es una garantía para buscar que el crecimiento económico y el bienestar social vayan de la mano, tal como señalara el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en “¿Cómo repensar el desarrollo productivo?”, al enfatizar que políticas proactivas, como lo pueden ser las alianzas público-privadas, apuntan al bienestar, a la legitimidad política y al fortalecimiento de la cohesión social.

Esta Ley es valorada como muy positiva por la AIRD, constituyéndose en una oportunidad de contar con un marco jurídico que regula las alianzas público-privadas.

Decálogo de las alianzas público privadas

  1. Desarrollar infraestructuras constituye un eje básico del desarrollo productivo sostenible. Alianzas entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo una alianza de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública.
  2. Es importante señalar que la eficacia de estas alianzas dependerá mucho de la seguridad jurídica que las rodee. Si se politizan las decisiones siguientes al punto de partida, se pone en riesgo dicha seguridad. Un marco jurídico como el que se plantea se convierte en fundamental como estímulo al sector privado para asociarse en proyectos del sector público e inyectar capital, innovación y agilidad, con un marco institucional fuerte.
  3. Las posibilidades de participación son variadas: en el caso de la energía aspectos como el transporte, la distribución y la generación. También proyectos de puertos, aeropuertos, vías, tratamientos de aguas, transporte de hidrocarburos, telecomunicaciones, transporte, entre otras prioridades que se requieren para el desarrollo social y económico de la nación. Por lo tanto, estas alianzas son importantes para incrementar el gasto de capital en un país que requiere cada vez más del desarrollo de su infraestructura. Cada país ha de trazar su propio mapa de prioridades.
  4. En los proyectos que regular la Ley existen diversas categorías de riesgos, siendo unos asignados al sector público, otros al sector privado y otros fundamentalmente de uno u otro sector, o también riesgos compartidos. En la experiencia internacional son ejemplos de riesgos asumidos por el sector público: pérdidas por desastres naturales, riesgos regulatorios o políticos, de demanda (principalmente público). Son ejemplos del sector privado: de diseño técnico, de construcción, operativos… Pero cada país establece su propia dinámica y normativa. Es un reto conseguir que la distribución de riesgos sea lo más adecuada posible para generar valor añadido.
  5. Ante las limitaciones presupuestarias de los gobiernos, las APPS representan una gran herramienta para cerrar la brecha de infraestructura (República Dominicana está en el lugar 77 en el Pilar Infraestructura del Índice de Competitividad 2018) y otros servicios, permitiendo que el sector privado invierta más activamente en proyectos de impacto social.
  6. En la Ley de las APP se tienen contemplados tres tipos de alianzas: de Iniciativa pública, que se originan en instituciones o agentes públicos y que pueden ser con o sin transferencia de bienes públicos; de iniciativa privada: originada en el sector o agentes privados que proponen al Estado la creación de una APP, y Sin Fines de Lucro, que buscan la satisfacción de necesidades de la población, pero que no realizan distribución de beneficios.
  7. Las APP, como están concebidas, contienen tres características esenciales: transparencia, proceso competitivo de selección de adjudicatario y seguridad jurídica.
  8. República Dominicana tiene experiencias de alianzas público-privadas. Contar con una Ley contribuye a homogenizar, a rendir estabilidad y a establecer reglas claras. Entre las experiencias pueden citarse: Viviendas de bajo costo / Proyecto Ciudad Juan Bosch; EGE-Haina; EGE-Itabo; Molinos del Ozama; Aerodom… Son ejemplos que se han dado en un contexto en que se carece de una Ley que regule las alianzas público privadas en República Dominicana.
  9. Es necesario responder a algunos retos. Entre ellos: el establecimiento de una cartera de proyectos posibles de APP en base al Plan Nacional de Infraestructura; contratos y pliegos modelos; la organización de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas; capacitación de los funcionarios responsables, entre otros.
  10. Estas alianzas no deben ser vistas en el estrecho marco de un contrato pues nos quedaríamos en el ámbito de derechos y obligaciones. Hablar de alianza es ir más lejos. Es mirar hacia el horizonte de una nación que fomenta el desarrollo sostenible. Es plantear pactos estratégicos.

Las alianzas público privadas constituyen una posibilidad de ganar-ganar. Gana el público objetivo al que va destinado un proyecto concreto que ve satisfecha sus necesidades. Ganan los gobiernos que cumplen con su función y, por supuesto, ganan las empresas al fortalecerse y dinamizar la economía.

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