Por primera vez, República Dominicana tiene un Plan Nacional de Juventudes

El Estado dominicano, a través del Ministerio de la Juventud, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentó el primer Plan Nacional de Juventudes 2020-2030.

Se trata de un documento de política pública para generar acciones a favor de los y las jóvenes dominicanos, a través de las instituciones competentes de carácter público y privado, en los distintos niveles de la vida nacional.

El contenido del Plan Nacional de Juventudes está alineado con dos instrumentos de suma importancia para el desarrollo del país: la Constitución de la República Dominicana y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END).

Mientras que, en el plano internacional, se apega a los compromisos asumidos por el Estado en cuanto a protección y garantía de los derechos de las juventudes, muchos de ellos, plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, la Conferencia Internacional sobre la de Población y el Desarrollo (CIPD), y su Consenso de Montevideo (CM), y el Pacto Iberoamericano de Juventud (PIJ).

Plan inclusivo, participativo y representativo

El propósito es que sea un instrumento técnico, con un enfoque político, que responda a las necesidades de las juventudes, y sirva para profundizar las políticas públicas de juventud con una visión de largo plazo, dando continuidad a los esfuerzos que se han alcanzado hasta la fecha.

La finalidad es la de generar un Plan Nacional de Juventudes integral, inclusivo, participativo y representativo de los intereses y necesidades de las juventudes dominicanas.

En su elaboración, se han incorporado diversas variables tales como derechos humanos, género y diversidad social y cultural, que atienda a los enfoques generacional, de participación ciudadana, desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad.

Creación del Comité Técnico Interinstitucional

Para validar y fortalecer la propuesta de ruta para la elaboración de este Plan, se creó un Comité Técnico Interinstitucional.

El objetivo es mejorar la efectividad de coordinación entre las diferentes instancias y entes participantes, definir y aplicar el procedimiento adecuado para el reporte de avances en la implementación y una metodología común de monitoreo y evaluación que permita medir los logros e impactos de los procesos generados en materia de juventudes.

Estará integrado por varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre estás están los ministerios de la Presidencia y de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), así como la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Investigación Desarrollo Sostenible de las Juventudes (IIDJ).

Uno de los mayores logros alcanzados

Durante la presentación, la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, resaltó que, por primera vez en la historia nacional, la juventud tendrá un documento estratégico que se convierte en consolidación de derechos adquiridos y compromiso de cumplimiento de las iniciativas propuestas.

“Por muchos años, los jóvenes dominicanos reclamaron las políticas públicas que garantizaran que el Estado dominicano se comprometiera con impulsar acciones que les impactaran de manera eficiente”.

“Esto fue una deuda, acumulada durante muchos años, con el segmento que constituye el brazo más importante para el desarrollo de nuestra nación”.

Balcácer agregó que “el Plan Nacional de Juventudes es una muestra de avance del país, respecto a su visión de planificación, y es para el Gobierno dominicano uno de los mayores logros alcanzados en los últimos tiempos”.

“Mientras, para la juventud son todas las promesas convertidas en compromisos y la más extraordinaria de las conquistas que pudo obtener en la historia reciente”.

De su lado, el director del UNFPA para República Dominicana y Cuba, Arie Hoekman, calificó la elaboración del Plan como un gran logro y felicitó a la gestión del Ministerio de la Juventud por motorizarlo.

“Trabajemos en establecer una gran alianza en apoyo a la implementación por parte de todos los sectores involucrados y en respaldo al Ministerio de la Juventud en su rol de acompañamiento y supervisión podremos contribuir a transformar el país, para no dejar a nadie atrás”, concluyó Hoekman.

Protección y garantía de los derechos de las juventudes

Los objetivos plasmados por cada eje fueron: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover el empleo pleno y productivo, así como el desarrollo de emprendimientos inclusivos para las juventudes, garantizar una vida sana y propiciar el bienestar para las personas jóvenes.

Asimismo, garantizar la corresponsabilidad de las juventudes en la gestión de los asentamientos humanos de las zonas rurales y urbanas, asegurando que sean inclusivos, seguros y resilientes para combatir el cambio climático y sus efectos, el derecho al acceso a la justicia y la seguridad ciudadana, bajo el principio de igualdad y no discriminación.

A lo largo del proceso consultivo y de análisis de las realidades actuales y de las problemáticas que les afectan a los jóvenes, se detectó la necesidad de contar con un Observatorio Nacional de Juventudes, con el fin de generar conocimiento mediante estudios e investigaciones que aborden las realidades juveniles, que faciliten comprender su entorno y visión.

Sobre el desarrollo del Plan

Se trabajaron alrededor de diez mesas temáticas, sobre educación, participación social, medio ambiente, género, cultura, empleo y emprendimiento, salud, deporte y recreación, cultura de paz y situaciones especiales.

Además, se realizó una consulta virtual que contó con 34 preguntas en la que participaron más de 10 mil jóvenes. También se llevaron a cabo las consultas sectoriales-temáticas, a las cuales se agregaron instancias que influyen en diseño de programas y proyectos en cada sector de manera ampliada.

Luego le siguieron las consultas territoriales en cuatro provincias estratégicas: San Juan, Santiago, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

Entre los meses de julio a septiembre del año pasado se desarrollaron cinco consultas sectoriales-temáticas, en las que participaron 147 instituciones del sector público y privado, academias y sociedad civil.

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