El Código de Hammurabi ¿mejor Legislación Aduanera?

Por: Eduardo Rodríguez Apolinario

Todo aquel que ha tenido la oportunidad o se ha visto en la necesidad de hurgar en la legislación aduanera vigente ha podido notar su falta de orden lógico, en parte derivado de la cantidad de modificaciones que ha experimentado la Ley Núm. 3489, de fecha 14 de febrero de 1953, la que tiene casi 67 años de antigüedad. Pretender que una legislación como esta pueda regir la actividad aduanera de un Estado en estos tiempos, es negar la evolución de las normas que rigen el comercio internacional y de la legislación interna. Es como invocar el Código de Hammurabi para regular esa actividad mundial en pleno siglo XXI.

Aunque para algunos personajes este esfuerzo no tenga ningún valor, desde hace más de 10 años consultores internacionales, juristas, técnicos y connotados profesionales de los sectores público, privado y de gremios empresariales, estuvieron trabajando en el proyecto de ley de aduanas, aprobado recientemente por el Senado de la República y que hoy cursa en la Cámara de Diputados, en procura de dotar al país de un nuevo marco jurídico que proporcione mayor institucionalidad a la aduana con los siguientes objetivos:

  • Fortalecer el recaudo aduanero, estableciendo claramente la relación jurídico tributaria aduanera y los elementos de la Obligación Tributaria Aduanera;
  • Hacer la legislación aduanera compatible con la Constitución de la República Dominicana, establecer las garantías y derechos de los administrados y el debido proceso en el ámbito las funciones de las aduanas;
  • Darle coherencia a esta ley (o alinear esta ley) con el sistema jurídico interno y las normas que rigen el comercio internacional y los acuerdos de libre comercio de los que el país es signatario;
  • Eliminar la dispersión en la normativa de la aduana, concentrando todos los aspectos relacionados con esta en un solo texto legal;
  • Incorporar los regímenes aduaneros de incentivo a la exportación e inversión que proporcionen una mayor competitividad a la producción nacional, permitiendo la integración de todos los sectores que operen bajo estos regímenes aduaneros, logrando una industria nacional más robusta y, en consecuencia, un mejor aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio;
  • Lograr que los regímenes aduaneros sean acordes las directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y por ende, sean compatibles con los lineamientos de política comercial de la Organización Mundial de Comercio (OMC);
  • Incorporar y hacer operativas las medidas de facilitación de comercio aprobadas mediante la Resolución del Congreso Nacional Núm. 696-16, del 16 de diciembre de 2016;
  • Establecer medidas que estimulen la integridad del personal aduanero;
  • Racionalizar los trámites y procedimientos, dándole valor legal a la declaración electrónica y al uso de estos medios;
  • Crear los mecanismos de aplicación de la Convención de Kioto sobre Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, la que fue ratificada mediante la Resolución Númº.119-12;
  • Incorporar la figura de los “Centros Logísticos”, necesaria para poder obtener los beneficios que nos da nuestra localización geográfica y conectividad, para cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo;
  • Reducir la discrecionalidad de las autoridades aduaneras, brindando seguridad jurídica a los actores de comercio;
  • Establecer un nuevo sistema de infracciones y sanciones conforme a los nuevos preceptos constitucionales, entre otros.

Nos preguntamos ¿cómo alguien puede hablar de facilitación de comercio y, al mismo tiempo, estar a favor de la dispersión de la legislación aduanera, cuando esta genera incertidumbre en la comunidad empresarial, falta de certeza y seguridad jurídica? Si la legislación está dispersa, es incoherente o contradictoria, las decisiones están a merced del criterio del funcionario aduanero, lo que resulta nefasto para los actores económicos y el desarrollo de las inversiones.

Vemos que quienes se encuentran extensa la legislación aduanera, no identifican ni justifican cuales disposiciones son innecesarias, tampoco presentan estudios comparativos de otras legislaciones y códigos aduaneros más extensos de otros países, uniones o territorios aduaneros, que dan certeza y seguridad jurídica a los actores económicos.

Según un levantamiento realizado por un consultor del BID, al 2006 se habían identificado 128 legislaciones con incidencia en materia aduanera, entre leyes, decretos y otros textos legales, partiendo de que estas disposiciones tengan en promedio 10 artículos, estaríamos hablando de 1280 artículos; si esto fue hace 14 años, nos preguntamos ¿cuántas disposiciones más habrá ahora?

Quienes se han involucrado en el estudio de las normas que rigen el comercio internacional, han podido constatar  que el aspecto aduanero es una de las actividades del Estado que está más regulada por convenciones internacionales, que van desde el transporte, el valor, el origen, la clasificación de las mercancías, cuestiones relacionadas con propiedad intelectual, inocuidad, lavado de activos vía el comercio de bienes, entre otros aspectos derivados de los organismos internacionales, según su competencia. Todo esto, más los acuerdos comerciales y una legislación dispersa hacen más complejo el quehacer aduanero a los actores de comercio.

Es por esto por lo que los acuerdos multilaterales y regionales de los que el país es parte contratante hacen hincapié en la transparencia y publicación de las regulaciones comerciales.

Este proyecto de ley no es perfecto, como ninguna realización humana, tal es el caso de la inclusión del azúcar y los productos de la rectificación técnica, cuestión que no debe ser materia de una ley de aduanas; sin embargo, recoge lo mejor de la legislación vigente, está inspirado en las mejores prácticas internacionales, los acuerdos de los que somos signatarios y otros compromisos y recomendaciones de organismos multilaterales.

Este proyecto fue el resultado del trabajo de los mejores técnicos de los sectores público y privado, esfuerzo que hoy se quiere denostar sin aportes de valor en el pasado ni en el presente y con argumentos baladíes.

Evidentemente, solo quien no conoce a profundidad este proyecto de ley y sus fundamentos o saca ventaja de la discrecionalidad y ambigüedad, no quiere reglas claras, transparentes y comprensibles; quienes se oponen a que en un solo texto los administrados conozcan sus deberes y derechos, se oponen a que este se apruebe, pues aparentemente les convienen los vicios de la legislación vigente o tal vez prefieran el Código de Hammurabi.

Santo Domingo D.N.

15 de enero de 2020

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