Potestad tributaria y nomenclatura arancelaria, entre celulares y suplementos

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Por: Eduardo Rodríguez Apolinario

En estos días, abogados, economistas, comentaristas y otros “eruditos”, han cuestionado la decisión de la Dirección General de Aduanas de revocar algunas medidas administrativas para aplicar los impuestos que indica la ley. Aunque no resulte agradable, aduanas ha hecho lo correcto, independientemente de que la medida sea cuestionada, criticada o poco simpática para algunos sectores, por lo versátil y necesario que es un celular en estos tiempos.

Como órgano de la administración tributaria el rol de las adunas es cumplir con la ley emanada de la potestad tributaria del Estado, quien la adquiere del concepto mismo de soberanía y de la subordinación del grupo social al poder ejercido por el mismo amparado en la ley, que, a su vez, es la expresión del contrato social entre todas las personas partes de la nación.

De estos fundamentos jurídico-políticos surge el poder que tiene el Estado para imponer tributos y exigir su pago, estableciendo la obligatoriedad de estos, tendiendo a forzar su cumplimiento, sancionar su incumplimiento y, de la misma manera, eximir de su pago.

Esta potestad, consagrada en la Constitución de la República contiene las normas fundamentales por la que debe regirse, incluida la división o separación de los tres poderes clásicos con los que se ejerce: legislativo, ejecutivo y judicial. En nuestro sistema jurídico corresponde al Congreso Nacional la creación de los impuestos, que es el tipo de tributo al que nos estamos refiriendo.

Como el sujeto activo de la potestad tributaria es el Estado a través del Congreso Nacional, solo este puede crear, eliminar o reducir impuestos, lo que equivale a decir “en derecho quien puede lo más, puede lo menos”.

El tema que nos ocupa se deriva de dos actos dictados por un director de aduanas anterior, que mediante una circular redujo el arancel ad valórem de un 20% a un 3% y otra que eliminaba el ITBIS a los suplementos nutricionales, no exentos, independientemente de las razones valederas que en su momento tuvo nuestro

inolvidable Miguel Cocco para situarse por encima de estos principios jurídicos, del mal y del bien, lo cierto es que esos actos no debieron haberse producido.

Como hemos visto, los tributos se crean, se reducen o eliminan mediante ley, según nuestro sistema jurídico; de no hacerlo así, se violan lo principios de legalidad y de indisponibilidad del crédito tributario, en virtud del cual nadie puede disponer de los tributos que el Estado requiere para el cumplimiento de sus fines (ver los artículos 93, 243 de la Constitución).

Además, según el artículo 6 de la Carta Magna, “Supremacía de la Constitución: Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”·. Sobre este mismo tenor, ver lo que establece el Artículo 14 de la ley 107-13 respecto a la Invalidez de los actos administrativos.

Sobre los cambios en la nomenclatura arancelaria.

Dado que algunos “doctos” argumentan que se cambió el código arancelario de los celulares de manera administrativa, haremos un poco de historia para explicar lo sucedido.

En el año 1990 la Nomenclatura del Sistema Armonizado (SA) de Designación y Codificación de Mercancías (SA), emanada de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se tomó como base para estructurar el arancel de aduanas provisional de la Republica Dominicana, mediante el Decreto 339-90, poniéndole término a un al arancel mixto vigente desde el año 1971, basado en la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB).

Este nuevo sistema de nomenclatura del SA está fundamentado en un convenio internacional multilateral del que la República Dominicana es parte contratante desde

el 2006, año en el cual el país deposito el instrumento de adhesión ante la Secretaría General de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), a un poco más de un año de hacerse miembro de este organismo internacional, conforme se establece en el Artículo 12 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

Hoy en día los países partes que aplican el SA son 157, incluidos territorios aduaneros independientes y una unión aduanera, y 53 países que no son partes contratantes pero que también aplican el SA, para un total de 211.

República Dominicana, sin ser miembro en aquel entonces, adoptó e incorporó en la legislación nacional dicha nomenclatura mediante la Ley Nº. 14-93, así como también sus reglas y disposiciones legales. Este convenio establece, en su artículo 16, que las partes deberán introducir en su nomenclatura las enmiendas o modificaciones que realiza la OMA cada cuatro o cinco años. La primera fue realizada en 1992, pero en ese momento el país no la aplicó.

Esta nomenclatura y arancel le fue comunicado al Comité de Concesiones Arancelarias de la Organización Mundial de Comercio (OMC), organización sustituta del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), mediante el documento registrado con la referencia G/MA/TAR/W/91, del 20 de junio de 1994. En él se indican los cambios que debían ser introducidos y la correlación al SA de nuestra lista de concesiones arancelarias (Lista XXII).

Como consecuencia de esto, en cumplimiento de lo que establecía el artículo 17 de la Ley 14-93, en la primera reunión de la Comisión de Estudios Arancelarios, del 25 de abril de 1995, se designó un equipo de técnicos integrado por dos de la Secretaría de Estado de Finanzas, dos de la Dirección General de Aduanas y dos del Banco Central, para que realizaran los arreglos necesarios en el arancel, a fin de adoptar la Versión Única en

Español del Sistema Armonizado. Estos trabajos fueron coordinados por Víctor L. Rodríguez, director del Departamento de Normas de Políticas Tributarias de la Secretaría de Estado de Finanzas. Se elaboró un proyecto sobre la metodología para adecuar la nomenclatura nacional a los cambios hechos por la OMA al SA según la Versión Única.

En cumplimiento de las disposiciones del SA estos trabajos se desarrollaron bajo los principios siguientes:

* Conservar íntegramente los tipos impositivos que tenían las mercancías, según la clasificación arancelaria efectiva que se realizaba en el país.

* No ocupar los códigos de las subpartidas suprimidas y adjudicar nuevos códigos a las subpartidas que se crean, a fin de evitar que la nueva versión del arancel utilice códigos iguales para mercancías distintas de las contenidas en el arancel vigente, siguiendo la metodología que establece el SA.

* Cuando el SA suprimía una subpartida, en el arancel nacional también se eliminaba, quedando incorporada en la subpartida residual, si ello no alteraba el tipo de gravamen; de ser este el caso, se subdividía o se hacía apertura a una nueva subpartida, y se colocaba el mismo gravamen que tenía la subpartida madre.

* Si el SA suprimía una subpartida en el arancel nacional, se subdividía la subpartida residual para seguir manteniendo individualizada la mercancía, bien porque era necesario desde un punto de vista comercial, bien para conservar su propio gravamen.

* Cuando el SA creaba una subpartida nueva, en el arancel nacional también se establecía esa nueva subpartida con el gravamen que le correspondía en la subpartida de origen.

* Si el SA establecía en su nueva estructura subpartidas nuevas, que parcialmente procedían de dos o más subpartidas ya existentes con gravámenes diferentes,

en el arancel anterior, en nuevo arancel se añadían las subdivisiones o aperturas necesarias para mantener los gravámenes originales.

* Cuando en el arancel nacional aparecía una subpartida del SA desglosada en dos o más subpartidas con el mismo gravamen, y su permanencia no se justificaba de acuerdo con la nueva estructura del S.A, se suprimía el desglose conservando el gravamen. No se realizaba esta operación cuando los gravámenes eran diferentes en el arancel vigente, generando las aperturas de las subpartidas que fueran necesarias.

* En los casos en que fuera necesario hacer el desglose en el arancel nacional de una subpartida actual, las nuevas subpartidas que se crearan quedarían sujetas al mismo gravamen que en la subpartida original.

* Como una medida de transparencia, se revisaron e incluyeron las notas adicionales derivadas de la legislación nacional que regulan o establecen requisitos de importación o exportación para determinadas mercancías y sus respectivos obstáculos técnicos al comercio.

Todas las enmiendas incorporadas al arancel, desde la segunda, en 1996, hasta la sexta, vigente desde 2017, se han realizado siguiendo el procedimiento establecido en el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

En nuestro siguiente artículo veremos otras razones por lo que dicho convenio es vinculante.

Santo Domingo, 26 de febrero de 2019

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