Gobierno busca recursos con control absoluto de empresas mixtas

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marzo 31, 2017 por aduanasrd01

 

Fuente: EL NACIONAL-VENEZUELA

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Aseguran que muchos inversionistas serán cautelosos para hacer nuevas operaciones, por temor a que ante un cambio de gobierno no se reconozcan las negociaciones

Por MARÍA FERNANDA SOJO

31 DE MARZO DE 2017 12:01 AM

La sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, difundida el miércoles en la noche, le da facultad al Ejecutivo para constituir empresas petroleras mixtas y modificarlas sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional, en una nueva demostración de la urgencia de liquidez que tiene el gobierno central.

La Sala respondió a un recurso interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo que pedía que se interpretara una vez más el artículo 187 de la Constitución, en concatenación con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que daba varios poderes al Parlamento, por considerar que este está en desacato.

“Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones”, establece la sentencia.

Economistas recordaron que Pdvsa ha estado intentando hacer nuevas operaciones en las empresas mixtas, para obtener recursos y honrar sus compromisos, pero no ha contado con el aval de la Asamblea Nacional, que ha denunciado la desviación de los recursos de la empresa.

Recientemente se pudo conocer que la estatal ofreció a la petrolera rusa Rosneft 10% de las acciones en la empresa mixta Petropiar, integrada por un campo de crudo extrapesado y un mejorador con capacidad de 210.000 barriles por día, en la que Pdvsa tiene 70% de participación y Chevron, el resto.

Poco después de conocerse la noticia, José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, reiteró que todo acuerdo de interés nacional debía ser aprobado por el Parlamento y agregó que si la venta procedía, sería nula.

Orlando Ochoa, economista y profesor universitario, insistió en que con la sentencia del TSJ, además de las implicaciones políticas, el gobierno busca concretar acciones como la propuesta a Rosneft. “La sentencia lo que pretende es darle validez a las maniobras financieras desesperadas que ha estado intentando hacer el Ejecutivo, por la urgencia de divisas. Porque el precio del petróleo no ha subido lo suficiente y el volumen de producción está cayendo”.

El especialista dijo que una de las cosas que más preocupa es que el gobierno, en su intención de obtener divisas rápidamente venda acciones de las empresas a precios muy por debajo de su valor real, o que en las operaciones se comprometa aún más a Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, que ya ha sido usada como garantía.

Poco atractivo. Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, aseguró que aun cuando la sentencia del TSJ permite al Ejecutivo crear empresas mixtas con firmas o Estados extranjeros, sin la autorización del Parlamento, seguirá siendo difícil para el gobierno concretar nuevas negociaciones.

“Los mercados financieros entienden que de acuerdo con la ley local, interpretada por el TSJ, estas operaciones son legales. Pero les preocupa que si hay un cambio de régimen, el nuevo gobierno no las reconozca”.

Alejandro Grisanti, economista y director de Ecoanalítica, criticó la legalidad de la sentencia y dijo que la confrontación entre los poderes Judicial y Ejecutivo, contra el Legislativo, deja muchas dudas en posibles inversionistas internacionales.

Coincidió en que en un cambio de gobierno, los inversionistas que hayan firmado contratos sin la participación de la AN podrán estar luego en una querella legal. “La estrategia de seguir hacia adelante con la radicalización hacia la AN no va a traer beneficios económicos”, advirtió.

Oficializan decretos

Ayer fueron publicados en la Gaceta Oficial número 41122 cuatro de los decretos con los que el gobierno pretende activar el Arco Minero, una de las apuestas para obtener recursos ante la caída de los ingresos petroleros.

Los primeros tres decretos declararon que el cobre, la plata y los diamantes son minerales estratégicos, mientras que el cuarto decreto transfiere a la empresa mixta Siembra Minera, el derecho de desarrollar directamente las actividades de exploración y explotación del oro, y demás minerales estratégicos.

Siembra Minera es una empresa mixta entre el Estado venezolano y la minera canadiense Gold Reserve, cuyo capital accionario lo domina Venezuela con 55%.

Se espera que salga otro decreto mediante el cual se establece el régimen impositivo en el Arco Minero del Orinoco, que comprende, entre otros puntos la rebaja del Impuesto sobre la Renta y la exoneración del IVA en importaciones.

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